La oposición y disidentes del oficialismo acusan al presidente y al vicepresidente Pedro Alliana de responsabilidades políticas en el caso Ueno Bank. La Cámara de Diputados fue convocada para examinar los pedidos este jueves.
Treinta y cinco diputados paraguayos radicaron el miércoles 4 de noviembre solicitudes de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por la crisis de Ueno Bank. Los libelos fueron registrados en la Cámara Baja y la presidencia de la corporación convocó una sesión extraordinaria para este jueves 5 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
El caso se agravó después de que el Banco Central interviniera la entidad financiera por problemas de solvencia y se restringiera el acceso de millones de clientes a sus cuentas. La investigación ha derivado en actuaciones contra directivos bancarios, mientras la oposición reclama responsabilidades políticas por la supervisión del sistema financiero.
Los cinco cargos contra Peña
El escrito acusa al mandatario de conflicto de intereses, manipulación regulatoria, concentración de fondos previsionales del Instituto de Previsión Social, presunto beneficio patrimonial y deterioro de la confianza financiera. También menciona la designación de Carlos Carvallo, antes vinculado a Financiera Ueno, al frente del Banco Central. Son alegaciones de los promotores y no resoluciones que declaren responsabilidad del presidente.
En el caso de Alliana, los diputados señalan supuestas actuaciones para proteger decisiones relacionadas con la entidad y con los recursos previsionales. Ambos expedientes se tramitan por separado.
La destitución todavía está lejos
El artículo 225 de la Constitución paraguaya dispone que la acusación debe aprobarse por una mayoría de dos tercios en Diputados, y que el Senado juzga y necesita también dos tercios para una destitución. Paraguay cuenta con 80 diputados y 45 senadores. El bloque que presentó la solicitud necesita ampliar significativamente su respaldo para superar la barrera constitucional.
La jornada parlamentaria de este jueves definirá si la crisis financiera escala formalmente a un proceso de destitución. Peña, cuyo mandato comenzó en 2023, ha defendido priorizar a los depositantes y exigir responsabilidades por irregularidades, aunque la solicitud de juicio político abre un conflicto directo sobre su manejo del sistema financiero.
