El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento que restringía la libertad del exministro del Interior. La decisión no lo absuelve ni pone fin a las acusaciones por el caso de corrupción.
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro, recuperó su libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá del 5 de noviembre. La Sala Penal revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que se le había impuesto en agosto por su presunta participación en hechos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
El tribunal consideró que no estaban acreditadas las condiciones necesarias para mantener la restricción de la libertad mientras avanza el proceso penal. Entre las circunstancias valoradas aparece la salida del exfuncionario del Gobierno y la ausencia de elementos suficientes para concluir que pudiera utilizar una estructura estatal para continuar conductas delictivas.
La acusación no desaparece
La determinación es procesal. Velasco continúa vinculado a la actuación judicial por señalamientos asociados con el presunto direccionamiento de contratos y recursos de la UNGRD para favorecer apoyos políticos en el Congreso. La Fiscalía deberá sostener sus acusaciones y la defensa podrá controvertirlas.
El expediente ha conocido distintas decisiones sobre la privación de la libertad del exministro. En agosto, una tutela de la Corte Suprema había cuestionado una medida anterior más gravosa que la solicitada por la Fiscalía. Después se dictó una nueva restricción, que ahora fue revocada.
Juicio con nuevas fechas
El trámite de fondo corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Reportes recientes señalan que el comienzo del juicio fue aplazado hasta febrero de 2027, en un proceso que también involucra al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Velasco celebró la decisión y afirmó que demostrará su inocencia. Su defensa en libertad no implica que un juez haya declarado falsos los hechos investigados; tampoco la formulación de cargos equivale a una condena. La controversia judicial se resolverá con pruebas y una sentencia.
