Danilo Rojas anunció medidas de austeridad por la reducción del presupuesto de la jurisdicción. La mayor preocupación no es su propio esquema, sino la seguridad de víctimas, testigos y comparecientes.
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Danilo Rojas Betancourth, anunció ajustes en los sistemas de seguridad y en el funcionamiento de la JEP como respuesta a la reducción de recursos prevista para 2027. En entrevista radial afirmó que actualmente no tiene escoltas y que, si es necesario entregar el vehículo asignado, también lo hará.
El mensaje simboliza la austeridad, pero la consecuencia de mayor impacto está en la reducción y reacomodación de medidas para personas que participan en procesos de justicia transicional y pueden enfrentar amenazas.
Menos recursos para proteger
La JEP contará en 2027 con un presupuesto reportado de $651.803 millones, aproximadamente $170.000 millones menos de los previstos inicialmente. Los ajustes al componente de protección se han estimado en unos $37.000 millones. Las decisiones se producen después de una controversia política sobre el financiamiento de la jurisdicción.
Rojas señaló que la situación más difícil recae sobre víctimas, testigos y comparecientes. Por eso pidió al Gobierno asumir responsabilidades de protección para esas poblaciones, cuya participación resulta esencial para investigar hechos del conflicto armado.
Cambios de sede y trabajo
La entidad también contempla trasladarse a una sede de alrededor de 4.200 metros cuadrados, operación que según el magistrado generaría ahorros cercanos a $26.000 millones. Además, estudia cambios hacia esquemas de trabajo híbridos o virtuales para reducir gastos.
El nuevo presidente defendió que la JEP cumple las sanciones y obligaciones establecidas por el marco constitucional, sin haber sido la institución que negoció el Acuerdo de Paz de 2016.
El debate presupuestal tiene efectos prácticos. Las decisiones de seguridad requieren evaluaciones de riesgo individuales; una reducción automática de medidas podría exponer a quienes entregan testimonios o comparecen ante la justicia. La discusión central es si la jurisdicción puede seguir cumpliendo su mandato con el presupuesto autorizado.
