La nueva ley de sometimiento fue firmada el 4 de noviembre, horas antes del vencimiento del marco anterior. Reorganiza los incentivos penales y limita las negociaciones políticas con organizaciones armadas.
El presidente Abelardo de la Espriella sancionó el miércoles 4 de noviembre la Ley 2640 de 2026, que modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. La firma completó un trámite contra reloj después de que Senado y Cámara aprobaran un articulado idéntico, por lo que no fue necesaria una conciliación.
El Senado aprobó la iniciativa con 57 votos a favor y 24 en contra. La Cámara la respaldó con 95 votos por el sí y 10 por el no. La sanción llegó antes de la medianoche, cuando expiraba el marco normativo vigente.
Sometimiento sin negociación política
La ley constituye la base de la política de sometimiento judicial del Gobierno y reemplaza los instrumentos de negociación de la llamada paz total de la administración anterior. Las organizaciones armadas y estructuras criminales podrán acogerse a mecanismos condicionados a entregar armas, bienes e información y a contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas.
Entre las condiciones divulgadas figura la continuidad de órdenes de captura y solicitudes de extradición, así como la ausencia de reconocimiento político para las organizaciones que se sometan. Los reportes sobre el texto aprobado señalan una vigencia de cuatro años y rebajas penales diferenciadas según el papel dentro de las estructuras.
Debate por garantías y beneficios
Un punto sensible requiere consultar el articulado definitivo publicado oficialmente. Versiones periodísticas han ofrecido explicaciones divergentes sobre el alcance de beneficios aplicables a responsables de reclutamiento de menores. Por esa razón, esta nota no fija porcentajes para ese supuesto específico sin el texto autenticado.
La discusión política persiste. Voceros del Gobierno defienden la norma como un mecanismo de presión sobre la criminalidad; legisladores opositores han cuestionado las condiciones de trámite, las facultades del Ejecutivo y la protección a las víctimas. El siguiente examen será su aplicación práctica y cualquier control de constitucionalidad que se promueva.
