El plan de videovigilancia plantea nuevas herramientas de identificación y monitoreo. La tecnología biométrica implica exigencias de protección de datos y controles sobre su utilización.
Tame avanza en la búsqueda de herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia y apoyar la respuesta de las autoridades ante hechos delictivos. La iniciativa municipal contempla cámaras de última tecnología y capacidades de reconocimiento facial, una función que permitiría comparar rostros captados por dispositivos con registros autorizados, bajo condiciones legales de tratamiento de datos.
En mayo, el alcalde Miguel Ángel Bastos explicó que la administración llevaba gestiones de aproximadamente dos años para un proyecto de videovigilancia superior a los 10.000 millones de pesos. Señaló la intención de aportar alrededor de 1.000 millones desde el municipio y de gestionar recursos complementarios ante el Ministerio del Interior y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Tecnología que exige infraestructura
En paralelo, la Gobernación de Arauca publicó especificaciones técnicas de un programa departamental de videoseguridad que contempla equipos de cuatro megapíxeles, cámaras motorizadas, seguimiento automático y funciones de reconocimiento y captura facial. El documento menciona puntos en Tame, pero pertenece a un proyecto departamental y no debe confundirse sin prueba con el sistema municipal promovido por el alcalde.
Para que una red de cámaras funcione se necesitan más que dispositivos: conectividad, energía de respaldo, grabación, mantenimiento, personal de monitoreo, protocolos de acceso y coordinación con la Policía. El número de equipos y el alcance territorial son determinantes para medir cobertura real.
Datos personales, otra responsabilidad
El reconocimiento facial procesa información biométrica sensible y requiere condiciones de necesidad, proporcionalidad, seguridad y finalidad legítima. El tratamiento de imágenes debe estar sometido al régimen colombiano de protección de datos y a controles que impidan usos ajenos a la seguridad.
La propuesta puede mejorar capacidades de investigación y reacción, pero su eficacia dependerá de la instalación efectiva, el personal, las autorizaciones y la coordinación institucional. La inversión previamente anunciada es un antecedente de gestión y no prueba que todas las cámaras estén ya funcionando.
