Un juez dio al Gobierno un día para ocultar dos videos en los que Abelardo de la Espriella aparece junto a cuerpos de personas muertas en operaciones militares. La medida es provisional y no obliga a eliminarlos definitivamente.
El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia retirar temporalmente de la vista pública dos videos difundidos en Instagram en los que el presidente Abelardo de la Espriella aparece junto a cadáveres de personas abatidas por la Fuerza Pública.
La determinación fue adoptada por el juez Osnaider Fontecha al admitir una tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, de la Alianza Verde. El congresista cuestionó que los cuerpos fueran exhibidos como parte de la comunicación oficial sobre los resultados militares.
Una orden provisional
El Dapre tiene un día para ocultar las publicaciones realizadas el 2 y el 4 de septiembre. El auto aclara que la medida no supone su eliminación definitiva, pues estará vigente mientras el juzgado estudia el fondo de la tutela y establece si las imágenes explícitas o violentas pueden afectar psicológicamente a niños y adolescentes.
La Presidencia, el Dapre y el jefe de Estado fueron accionados. El juez también vinculó a Meta, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de las TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se pronuncien. Los demandados cuentan con dos días para ejercer su defensa y aportar pruebas.
Los videos cuestionados
Uno de los registros corresponde a la operación Azarías, desarrollada en Guaviare contra las disidencias de las Farc. En las imágenes, De la Espriella camina entre bolsas que contienen los cuerpos de más de veinte personas muertas, mientras presenta el balance del bombardeo y el armamento incautado.
El segundo fue grabado después de una operación en La Guajira en la que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, junto con su compañera sentimental y dos integrantes de su esquema de seguridad.
La muerte como mensaje
La exposición de los cuerpos ya había sido cuestionada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien pidió no convertir a las personas fallecidas en parte de la escenografía de una declaración oficial ni utilizar la muerte como demostración de autoridad.
La decisión no cuestiona todavía la legalidad de las operaciones militares ni determina que el presidente haya vulnerado derechos fundamentales.
Su alcance se limita a impedir provisionalmente la circulación del contenido mientras se adopta un fallo definitivo.
Este es el segundo frente judicial reciente relacionado con la ofensiva militar del Gobierno. En otro proceso, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó suspender cautelarmente los bombardeos cuando exista información verificable sobre la presencia de menores reclutados. Son decisiones diferentes, pero ambas examinan los límites que debe observar el Estado incluso durante operaciones legítimas contra organizaciones armadas.
