La Alcaldía recuperó materialmente el inmueble mediante una diligencia policiva. La asociación retiró sus pertenencias, cuestionó el procedimiento y advirtió posibles efectos sobre 23 trabajadores y el despacho de pasajeros.
La terminal de transporte terrestre de Arauca capital vivió el 5 de noviembre una jornada de tensión que terminó con el retiro de la Asociación de Transportadores y Afines de Arauca, Asotransmar. La Inspección de Policía ejecutó una orden de restitución material sobre el inmueble ubicado en el kilómetro uno de la vía a Caño Limón, reclamado por la administración municipal como bien fiscal.
El procedimiento empezó con dificultades. El acceso estuvo cerrado y personal de la diligencia tuvo problemas para ingresar. Posteriormente, representantes de la asociación retiraron muebles y otros elementos de su propiedad. Ese retiro no equivale a una decisión judicial definitiva sobre todas las controversias que las partes mantienen.
Una querella desde febrero
La actuación quedó identificada con el radicado 013-2026. La Secretaría General de la Alcaldía promovió en febrero una querella contra la asociación, con vinculación del Departamento de Arauca. El inspector Elvin Joney Abril Guerrero profirió el 9 de octubre una decisión de primera instancia que dio cinco días hábiles para dejar las instalaciones. Tras incumplirse ese plazo, la autoridad programó la restitución para noviembre, inicialmente el día 4 y luego el 5.
Asotransmar administró las instalaciones durante más de dos décadas. Su asesora jurídica Karen Orjuela ha referido una relación contractual previa con la Gobernación y ha cuestionado que se ordenara la salida mientras existen recursos pendientes. La asociación también acudió a una tutela, cuya decisión de improcedencia fue impugnada, según explicó la abogada.
Propiedad y operación son distintas
La reclamación municipal sobre el carácter fiscal del predio no resuelve por sí sola cómo debe prestarse el servicio de terminal. La asociación tenía actividades de despacho, controles documentales y relaciones contractuales con establecimientos del lugar. Orjuela advirtió que 23 empleados podrían verse afectados.
La discusión tiene dos planos. Uno es la restitución de un inmueble que el municipio reclama como suyo; otro, la continuidad del transporte intermunicipal y el destino de las personas que trabajaban allí. La Inspección explicó la diligencia, pero no definió en ese momento quién asumiría la administración posterior. Esa decisión resulta esencial para usuarios, empresas y trabajadores.
