Los cinco estuvieron vinculados a espacios de diálogo de la “paz total” y tenían suspendida su entrega a Estados Unidos. Tres están bajo custodia; los otros dos deberán ser capturados antes de que la extradición pueda hacerse efectiva.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectivas las extradiciones a Estados Unidos de cinco integrantes de estructuras armadas y criminales que participaron en procesos impulsados durante la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.
El Gobierno anterior ya había autorizado las entregas durante 2025, pero decidió suspenderlas mientras los requeridos mantuvieran aportes verificables a los respectivos procesos de paz. De La Espriella levantó ahora ese beneficio temporal.
Tres están bajo custodia
La decisión puede avanzar inmediatamente frente a Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado como segundo cabecilla del Frente 33; Geovany Andrés Rojas, alias Araña, vinculado a Comandos de Frontera, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los tres se encuentran en poder de las autoridades colombianas y son requeridos en Estados Unidos por delitos que, dependiendo de cada expediente, incluyen narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y delitos relacionados con armas.
Dos siguen prófugos
Las otras dos decisiones recaen sobre Gabriel Yepes Mejía, alias HH, líder de Comuneros del Sur, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Ninguno está actualmente capturado. Por eso, en estos dos casos la firma presidencial no significa que serán enviados inmediatamente a Estados Unidos. Primero tendrán que ser localizados y detenidos.
El mensaje va más lejos
La Casa de Nariño sostiene que revisó cada expediente y no encontró aportes suficientes que justificaran mantener suspendidas las entregas. Esa es la valoración del nuevo Gobierno y constituye también una ruptura política con el modelo anterior.
De La Espriella anunció además que en apenas 16 días de gobierno ha firmado más de 30 extradiciones, dejando claro que la cooperación judicial con Estados Unidos será una pieza central de su política de seguridad. El cambio es significativo.
La extradición, que durante la “paz total” fue utilizada como incentivo condicionado para mantener a determinados jefes en las conversaciones, vuelve ahora a convertirse en instrumento de presión. Para los grupos armados, permanecer en una mesa ya no será suficiente para congelar un pedido de Estados Unidos.
