La Fiscalía Penal Militar y Policial lo imputó por apropiación de recursos y omisión de sus deberes. El uniformado no aceptó los cargos.
La Fiscalía Penal Militar y Policial imputó a un patrullero de la Policía Nacional por presuntamente apropiarse de 11.650.000 pesos pertenecientes a una mujer que murió durante el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Cali. El proceso investiga la manera en que un dinero encontrado entre escombros, que debía quedar bajo custodia institucional, habría terminado en la vivienda del uniformado.
Según la reconstrucción presentada por el ente investigador, el policía recibió los recursos y elaboró un acta de incautación. Sin embargo, presuntamente no informó el procedimiento a las autoridades correspondientes y habría llevado el dinero a su casa, donde habría gastado una parte.
Una obligación de custodia
El dato central de la investigación no es únicamente la suma. El dinero procedía de una víctima mortal de una emergencia y el funcionario tenía deberes de registro, protección y entrega de los bienes recibidos en ejercicio de sus funciones.
La Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado formuló imputación el 6 de noviembre, ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías. Los delitos atribuidos son peculado por apropiación, en concurso con prevaricato por omisión.
No aceptó los cargos
El patrullero no se allanó a la imputación. La audiencia marca una etapa formal dentro de la investigación y no equivale a una condena. Los señalamientos tendrán que demostrarse ante la jurisdicción competente, con las garantías del debido proceso.
El caso ocurre en el marco de la atención a los damnificados por un terremoto que causó pérdidas humanas y materiales. En emergencias de esa clase, los funcionarios que reciben objetos y dinero de las víctimas deben conservar la trazabilidad de todo lo hallado.
La acusación plantea una pregunta concreta para el proceso: dónde quedó la totalidad del dinero, cuánto fue utilizado y qué actuaciones administrativas quedaron registradas. El resultado judicial deberá establecer tanto la responsabilidad individual como la eventual recuperación de los recursos.
