Paraguay enfrenta un pulso decisivo. La renuncia del presidente Santiago Peña no se formalizó y el Senado avanza con el juicio político. Una destitución tendría consecuencias directas sobre su posible condición de senador vitalicio.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, pero continuó formalmente en funciones mientras el Congreso tramitaba su salida y el juicio político. Este viernes solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante los cargos formulados en la Cámara de Diputados.
El mandatario argumentó que el tiempo concedido para examinar un expediente de alrededor de 300 páginas era insuficiente y podía afectar su debido proceso. La Cámara de Diputados había aprobado, con los 78 legisladores presentes, avanzar con una acusación política que deberá ser examinada por el Senado.
Renuncia no equivale a destitución
La diferencia es decisiva. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden adquirir la condición de senadores vitalicios, con voz, sin voto y sin integrar el cuórum, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y encontrados culpables.
La aceptación de la renuncia abriría la posibilidad de que Peña obtuviera ese estatus y las inmunidades parlamentarias correspondientes. Un proceso penal no quedaría prohibido, pero requeriría las actuaciones de desafuero previstas en el artículo 191. En cambio, una condena política que termine en destitución lo excluiría de la senaduría vitalicia.
El Senado tiene la decisión
El artículo 225 dispone que la Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado juzga en sesión pública. Para declarar culpable y remover al presidente se exige la mayoría constitucional de dos tercios. El juicio político no es, por sí mismo, una sentencia de prisión: si existen posibles delitos, los antecedentes pasan a la justicia ordinaria.
Peña niega irregularidades en sus vínculos empresariales pasados con el entorno de Ueno. El banco fue intervenido por deficiencias de solvencia y operaciones vinculadas, lo que desató denuncias e investigaciones. La reunión parlamentaria sobre la renuncia había quedado trabada por falta de cuórum, de modo que no es correcto presentar su aceptación o rechazo definitivo como una decisión ya perfeccionada.
La crisis continuará definiéndose en el Congreso, mientras la Fiscalía investiga los hechos financieros. Para el presidente, el desenlace puede determinar no solo su permanencia en el poder, sino las condiciones procesales bajo las cuales podría responder judicialmente.
