El director departamental de Tránsito, Henry Colmenares, lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Arauca por el procedimiento de restitución. El enfrentamiento gira alrededor de las competencias, las garantías procesales y la continuidad del servicio.
La recuperación del terminal terrestre de Arauca desató una confrontación entre autoridades locales y departamentales. Henry Colmenares, director del organismo departamental de Tránsito, cuestionó públicamente la manera en que la Alcaldía de Arauca ejecutó la diligencia dirigida a recuperar el inmueble ocupado por Asotransmar.
El funcionario utilizó expresiones especialmente duras contra el mandatario municipal: «El alcalde se cree un emperadorcito y pasa por encima de la ley», de acuerdo con las declaraciones difundidas y señaladas en la controversia.
La disputa por competencias
El cuestionamiento surge después de la actuación de la Inspección de Policía que, dentro del expediente 013-2026, ordenó restituir las instalaciones situadas sobre la vía a Caño Limón. La querella fue promovida por la Secretaría General municipal y el predio es reclamado por el municipio como un bien fiscal.
Asotransmar y su representación jurídica sostienen que existen recursos por resolver y han denunciado posibles afectaciones al debido proceso. La Inspección, por su parte, explicó que la medida obedeció a una decisión de primera instancia y al vencimiento del plazo concedido para la entrega voluntaria.
Servicios para los pasajeros
En el fondo del enfrentamiento aparece una pregunta práctica: cómo funcionará el terminal tras la salida de quien venía desarrollando labores de despacho. La asociación afirma que su retiro puede afectar a 23 trabajadores, a las empresas de transporte y a establecimientos con contratos en las instalaciones.
Las declaraciones de Colmenares fueron entregadas ayer al medio La Voz del Cinaruco, en medio de la controversia por la restitución. La dureza del pronunciamiento no sustituye el examen de los actos, recursos y competencias que tendrán que resolver las autoridades correspondientes.
El caso ya no se limita a la titularidad del inmueble. Ahora enfrenta a autoridades con responsabilidades distintas frente a la movilidad y exige definiciones que permitan prestar el servicio sin improvisaciones.
